Karl Marx

El viejo

"(...) y a través de su cansancio pasa un viejo,
que le seca con la sombra, el sudor"

Foto: Archivo personal

Tomado de: http://media.argentina.indymedia.org/uploads/2007/06/karl-marx.jpg

La carrera judicial y la responsabilidad del ejecutivo por promulgar una ley que cae de madura

Foto: Andina

La semana pasada el Congreso promulgó la esperada ley de carrera judicial con el respaldo de una abrumadora mayoría de votos a favor. El Parlamento cumplió, así, su deber histórico, entregando al país una norma necesaria para la protección de la independencia de los magistrados y la mejora de la calidad de la justicia en nuestro país. Ahora corresponde al Ejecutivo hacer lo propio.

La ley de carrera judicial es una norma de larga gestación, que encuentra contundente respaldo en su incorporación como parte del plan de reforma integral de la administración de justicia aprobado en el 2004 por la CERIAJUS, entidad presidida por el Poder Judicial. A partir de ello, ha corrido mucha agua por debajo del puente: la ley de carrera judicial fue respaldada constante y sucesivamente por diferentes presidentes del Congreso (sobre todo apristas: Mercedes Cabanillas, Luis Gonzales, Javier Velásquez), así como por los titulares de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos (Alcides Chamorro, Raúl Castro, Juan Carlos Eguren). Asimismo –como debe ser– el debate por consensuar la norma incluyó al Presidente del Poder Judicial y otros representantes de la institución en un lugar preferencial de la mesa, de modo que durante todo el procedimiento de gestación, desde la CERIAJUS hasta hoy, los jueces han tenido una importante participación. Ello, sin obviar, los espacios de diálogo abiertos por la Comisión de Justicia entre el Poder Judicial y el Consejo Nacional de la Magistratura, a fin de arribar a acuerdos sobre el articulado de la norma. Igualmente, los especialistas y ciudadanía han tenido oportunidad de expresarse sobre el particular.

Este largo proceso de gestación incluye una anterior aprobación de la ley por parte del Congreso en abril del 2007, así como la formulación de observaciones del Ejecutivo, lo que abrió la posibilidad de revisar nuevamente la norma, así como de fortalecer los consensos y arribar a otros nuevos.

Se trata, pues, de una ley que se cae de madura, producto de un largo proceso de consensos, construidos sobre la base de una propuesta técnica y seria. La ley de carrera judicial, a pesar de ser perfectible, llena un vacío histórico en la regulación de un sector profesional requerido de una debida protección a su independencia, acorde con el elevado nivel que le corresponde dentro del Estado de Derecho. Por estas razones, el Ejecutivo debe respaldar la ley y promulgarla en los próximos días, a fin de empezar de una vez con la implementación de este imprescindible pilar de la reforma de la justicia.

Por fin aprueban ley de carrera judicial

A continuación publico un artículo de Alfredo Villavicencio Ríos, que suscribo en su totalidad.

Foto: Andina

El Congreso de la República, inmerso en una ola de escándalos alrededor de la justificación de los gastos operativos, aprobó por fin, este jueves 25 de setiembre, la Ley de Carrera Judicial.

Más allá del contexto aludido, la noticia es buena porque se trata de una norma reclamada hace décadas, que busca mejorar la calidad y probidad de la justicia a partir de introducir un especial cuidado en el factor humano. Además de ello, no se trata de una iniciativa improvisada, sino justamente de lo contrario: las bases de esta norma se aprobaron por unanimidad en la CERIAJUS y, a partir de ello el Congreso y los distintos sectores interesados han discutido el tema por casi un lustro.

Su principal virtud gira en torno al tratamiento sistemático de los tres componentes básicos de la carrera: selección, evaluación y control disciplinario de los magistrados. Se consolidan los avances logrados en el primer campo y se mejora sustancialmente lo concerniente a la evaluación del desempeño y al régimen disciplinario. En estos últimos campos, la norma aprobada tiene, de un lado, una regulación mucho más completa que la actual respecto de los campos de evaluación y los instrumentos a utilizar en cada uno de ellos. Se aleja del tratamiento embrionario que tiene el actual Reglamento de Evaluación y Ratificación de Magistrados para dejar claramente sentado que el desempeño de los jueces debe observarse en la calidad de sus sentencias y resoluciones, en su productividad, la gestión del proceso, la organización de su despacho, las publicaciones y su desarrollo profesional. Y, en cada caso, se dedican sendos artículos a la determinación concreta de cómo se mide cada factor. En el ámbito disciplinario, por fin se sale de la determinación genérica de faltas para ingresar al establecimiento de un listado muy concreto de faltas leves, graves y muy graves, a la par que se mejora sensiblemente el procedimiento disciplinario.

En el plano de lo que se echa de menos, resalta la práctica eliminación del año de formación inicial que debían seguir todos los magistrados que aprobaron el examen del CNM antes de comenzar sus labores jurisdiccionales, que ha sido sustituido por una regulación muy abierta que puede llevar a que con un par de semanas se dé por concluido el período formativo. Y ello se debe lamentar porque ninguna Universidad forma jueces, y es imprescindible que obtengan los conocimientos, aptitudes y destrezas que exige tan importante función, antes de enfrentar un despacho con una carga procesal desbordada. También resulta muy cuestionable que los períodos de evaluación sean amplísimos (cada 3 años y medio), que a los vocales supremos se los evalúe cada 7 años, y, en este último caso, su desempeño se mida únicamente en el terreno de la calidad de sus resoluciones y su desarrollo profesional.

Finalmente, la promulgación de esta norma no marca el fin del tema sino el inicio de una etapa en la que los pasos siguientes son determinantes para que la norma rompa la maldición nacional y salga del ámbito de lo cosmético para cumplir el relevante rol de apuntalar la independencia de los jueces, garantizando una justicia proba y eficiente. Se requiere, entonces entre otras cosas, que el Congreso y el Poder Ejecutivo consignen los recursos económicos que se requieran, que el CNM prepare intensamente a sus funcionarios y elabore indicadores objetivos y adecuados para medir el desempeño en cada campo, que el Poder Judicial se sume a este esfuerzo, dejando de lado sus reticencias, de modo que aporte toda su experiencia y conocimiento de la función jurisdiccional en la Comisión de Carrera Judicial de modo que no hayan rémoras y todos empujen en la misma dirección.

Todo ello requiere tiempo y dedicación antes de poner en marcha la norma, por lo que hay que empezar lo más pronto posible con las tareas de implementación para construir en 6 meses el escenario que permita la aplicación paulatina de esta reforma estructural.

(tomado de: www.justiciaviva.org.pe)