La carrera judicial y la responsabilidad del ejecutivo por promulgar una ley que cae de madura

Foto: Andina

La semana pasada el Congreso promulgó la esperada ley de carrera judicial con el respaldo de una abrumadora mayoría de votos a favor. El Parlamento cumplió, así, su deber histórico, entregando al país una norma necesaria para la protección de la independencia de los magistrados y la mejora de la calidad de la justicia en nuestro país. Ahora corresponde al Ejecutivo hacer lo propio.

La ley de carrera judicial es una norma de larga gestación, que encuentra contundente respaldo en su incorporación como parte del plan de reforma integral de la administración de justicia aprobado en el 2004 por la CERIAJUS, entidad presidida por el Poder Judicial. A partir de ello, ha corrido mucha agua por debajo del puente: la ley de carrera judicial fue respaldada constante y sucesivamente por diferentes presidentes del Congreso (sobre todo apristas: Mercedes Cabanillas, Luis Gonzales, Javier Velásquez), así como por los titulares de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos (Alcides Chamorro, Raúl Castro, Juan Carlos Eguren). Asimismo –como debe ser– el debate por consensuar la norma incluyó al Presidente del Poder Judicial y otros representantes de la institución en un lugar preferencial de la mesa, de modo que durante todo el procedimiento de gestación, desde la CERIAJUS hasta hoy, los jueces han tenido una importante participación. Ello, sin obviar, los espacios de diálogo abiertos por la Comisión de Justicia entre el Poder Judicial y el Consejo Nacional de la Magistratura, a fin de arribar a acuerdos sobre el articulado de la norma. Igualmente, los especialistas y ciudadanía han tenido oportunidad de expresarse sobre el particular.

Este largo proceso de gestación incluye una anterior aprobación de la ley por parte del Congreso en abril del 2007, así como la formulación de observaciones del Ejecutivo, lo que abrió la posibilidad de revisar nuevamente la norma, así como de fortalecer los consensos y arribar a otros nuevos.

Se trata, pues, de una ley que se cae de madura, producto de un largo proceso de consensos, construidos sobre la base de una propuesta técnica y seria. La ley de carrera judicial, a pesar de ser perfectible, llena un vacío histórico en la regulación de un sector profesional requerido de una debida protección a su independencia, acorde con el elevado nivel que le corresponde dentro del Estado de Derecho. Por estas razones, el Ejecutivo debe respaldar la ley y promulgarla en los próximos días, a fin de empezar de una vez con la implementación de este imprescindible pilar de la reforma de la justicia.