Foto: Andina
Uno de los principales roles de los jueces en un Estado como el nuestro es servir de contrapeso a las injusticias y abusos del poder, protegiendo derechos fundamentales y apuntalando la real vigencia de la Constitución.
El Tribunal Constitucional peruano -erigiéndose como una excepción a la deuda histórica de la justicia en nuestro país- ha avanzado en consolidar el rol descrito, desde que se le recuperó del cautiverio perpetrado durante el gobierno de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos y se le reconstituyó reponiendo a los magistrados destituidos e incorporando a otros juristas notables.
Durante este tiempo han dictado un sinnúmero de importantes sentencias, como la que declara inconstitucional los decretos ley antiterroristas, el antidemocrático modelo de justicia militar, la ley Wolfenson -que equiparaba un día de detención domiciliaria con uno de prisión efectiva- o aquella que pone las bases para impedir la construcción de buses camiones, la resolución del caso que protege el derecho a que se investigue y se conozca la verdad sobre graves violaciones a derechos humanos, el combate frontal contra las mafias de casinos y tragamonedas, entre muchas otras. Fallos como éstos son muestras de que el tribunal no ha cejado en su intento de proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos, inclusive a costa de granjearse enemigos de distintas proveniencias, siendo especialmente peligrosos los que forman parte de grandes grupos de poder.
En ese sentido, no extrañó que hace unos años Ántero Flórez-Araoz impulsara un proyecto de ley para recortar las facultades del tribunal, ni que las elecciones para la renovación de sus miembros en el 2007 fueran vistas por diferentes bancadas como una oportunidad para colocar representantes políticos antes que jueces independientes que den continuidad al trabajo de la institución.
Vistas las cosas desde ese ángulo, la lectura que hacemos de los cambios en el Tribunal Constitucional a partir de la renuncia del eximio jurista César Landa y las “rotaciones” de asesores y personal administrativo advierte de un aire enrarecido por turbiedad partidaria, más aún por la visita del premier Jorge Del Castillo al tribunal, la antigua filiación aprista de actual presidente Carlos Mesías y porque el hecho detonante de la dimisión de Landa fue la admisión del caso el Frontón, que vincula al primer gobierno de García con violaciones de derechos humanos.
El Tribunal Constitucional así como el resto de instituciones independientes del sistema de justicia debe mantenerse fuera de injerencias que lo alejen de resolver rectamente los conflictos puestos a su revisión. De ese modo, los cambios en el tribunal generan dudas razonables y exigen una mirada vigilante de la ciudadanía para asegurar, en este caso concreto, que se continúe diligentemente en el cumplimiento del rol que le corresponde como garante de la Constitución.
A pesar de los cambios, es imprescindible que los magistrados continúen con la línea marcada por sus antecesores, de modo tal que el Tribunal no retroceda lo ganado durante estos años de democracia. En ese sentido, a tiro de piedra encontramos dos casos emblemáticos que expresarán cambios o continuidades: la resolución del caso el Frontón y la inconstitucionalidad del decreto legislativo 1015 y 1073 sobre la transferencia de propiedad de las comunidades campesinas y nativas promulgados por el gobierno aprista.
El Tribunal Constitucional peruano -erigiéndose como una excepción a la deuda histórica de la justicia en nuestro país- ha avanzado en consolidar el rol descrito, desde que se le recuperó del cautiverio perpetrado durante el gobierno de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos y se le reconstituyó reponiendo a los magistrados destituidos e incorporando a otros juristas notables.
Durante este tiempo han dictado un sinnúmero de importantes sentencias, como la que declara inconstitucional los decretos ley antiterroristas, el antidemocrático modelo de justicia militar, la ley Wolfenson -que equiparaba un día de detención domiciliaria con uno de prisión efectiva- o aquella que pone las bases para impedir la construcción de buses camiones, la resolución del caso que protege el derecho a que se investigue y se conozca la verdad sobre graves violaciones a derechos humanos, el combate frontal contra las mafias de casinos y tragamonedas, entre muchas otras. Fallos como éstos son muestras de que el tribunal no ha cejado en su intento de proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos, inclusive a costa de granjearse enemigos de distintas proveniencias, siendo especialmente peligrosos los que forman parte de grandes grupos de poder.
En ese sentido, no extrañó que hace unos años Ántero Flórez-Araoz impulsara un proyecto de ley para recortar las facultades del tribunal, ni que las elecciones para la renovación de sus miembros en el 2007 fueran vistas por diferentes bancadas como una oportunidad para colocar representantes políticos antes que jueces independientes que den continuidad al trabajo de la institución.
Vistas las cosas desde ese ángulo, la lectura que hacemos de los cambios en el Tribunal Constitucional a partir de la renuncia del eximio jurista César Landa y las “rotaciones” de asesores y personal administrativo advierte de un aire enrarecido por turbiedad partidaria, más aún por la visita del premier Jorge Del Castillo al tribunal, la antigua filiación aprista de actual presidente Carlos Mesías y porque el hecho detonante de la dimisión de Landa fue la admisión del caso el Frontón, que vincula al primer gobierno de García con violaciones de derechos humanos.
El Tribunal Constitucional así como el resto de instituciones independientes del sistema de justicia debe mantenerse fuera de injerencias que lo alejen de resolver rectamente los conflictos puestos a su revisión. De ese modo, los cambios en el tribunal generan dudas razonables y exigen una mirada vigilante de la ciudadanía para asegurar, en este caso concreto, que se continúe diligentemente en el cumplimiento del rol que le corresponde como garante de la Constitución.
A pesar de los cambios, es imprescindible que los magistrados continúen con la línea marcada por sus antecesores, de modo tal que el Tribunal no retroceda lo ganado durante estos años de democracia. En ese sentido, a tiro de piedra encontramos dos casos emblemáticos que expresarán cambios o continuidades: la resolución del caso el Frontón y la inconstitucionalidad del decreto legislativo 1015 y 1073 sobre la transferencia de propiedad de las comunidades campesinas y nativas promulgados por el gobierno aprista.
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